sábado, 7 de marzo de 2015

Deben las comunidades de propietarios pagar las tasas judiciales

tras la reforma de la llamada “Ley de Tasas”, que entró en vigor el pasado 1 de marzo? 

El pasado 1 de marzo entró en vigor el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social que ha tenido, entre otros efectos, la supresión de la obligación del pago de tasas judiciales para las personas físicas. 

De inmediato se generalizó una duda entre los profesionales del sector (Abogados y Administradores de Fincas) sobre si sería obligatorio el pago de las tasas para las comunidades de propietarios. De hecho, en redes sociales seguía reivindicándose la supresión de las tasas también para las “Pymes” y comunidades de propietarios. 

La duda se plantea porque las comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia y aparecen configuradas en nuestro ordenamiento jurídico como una especialidad dentro de la comunidad de bienes, donde el Presidente ostenta la representación de todos y cada uno de los comuneros, siendo todos ellos -y no un ente distinto de todos ello- los titulares de derechos y obligaciones. Para terminar de liarla, las comunidades pueden demandar en juicio y ser demandada en él puesto que pese a carecer de personalidad jurídica si que tiene capacidad procesal (art. 6.1.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil con relación al art. 13.3 LPH). El Tribunal Supremo, en Sentencia de 28 de julio de 1999 (Recurso 228/1995) o el Tribunal Constitucional, éste en Sentencia 115/1999, de 14 de junio (Recurso 2289/1998) ofrecen un amplio razonamiento jurídico al respecto, y suelen ser citadas como el paradigma de esta doctrina. 


Frente a ello, la actual redacción del art. 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre (Ley de Tasas), en redacción otorgada precisamente por el citado Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, cuando alude a las exenciones subjetivas del pago de las tasas judiciales, se refiere de manera expresa a “las personas físicas”, sin incluir en el catálogo de excepciones a las comunidades de propietarios. 

La respuesta al interrogante que dio título a este post viene dada por la Dirección General de Tributos, que en distintas respuestas vinculantes ha venido equiparando las comunidades de propietarios a personas físicas. 

En el supuesto más reciente (Consulta V1479-13) la Dirección General de Tributos concretaba esta equiparación en que las comunidades debían tributar, además de la cuantía fija que proceda, “la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,1 por cien o con el límite de cuantía variable de 2000 euros”. Es decir, la misma tributación que la llamada “Ley de Tasas” daba a las personas físicas. 

Más esclarecedora resulta la Consulta V0227-13, con que la DGT venía a indicar que “esta Dirección General, en el marco de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, consideró que las Comunidades de Propietarios estaban exentas del pago de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, en tanto en cuanto las reclamaciones que interponen como tales “son instadas por personas físicas en nombre y representación de los copropietarios, lo que lleva a asimilar su régimen propio al de aquéllas”. 

En sentido contrario al que cabría esperar hoy, vemos que con la anterior redacción de la Ley de Tasas la DGT concluía que las comunidades de propietarios debían tributar porque también lo hacían las personas físicas. Exentas las personas físicas, cabe concluir que también lo están las comunidades de propietarios.